No es que me agradara especialmente la pueril estampa de puños en alto que, hace 15 días, escenificó en Rodiezmo un grupo de adultos con altas responsabilidades de gobierno o de partido en el gobierno, pero reconozco que no puedo tirar la primera piedra contra ese afán de gregarismo que, el muy gregario, nos acompaña toda la vida alimentándose de banquetes comunales y ritos de pertenencia al grupo. Tampoco el sábado me estimuló la gastada profesión de compromiso con los pobres e independencia de los poderosos que enarboló Zapatero, pero admito que a veces conviene simplificar la brújula al máximo, incurrir en el reduccionismo para formular nítidamente la alternativa en su expresión irreductible.

Porque lo que sí es cierto es que, en última instancia, los efectos de la crisis sólo se podían abordar, o bien tirando de gasto público y subiendo los impuestos, como ha hecho el Gobierno, o bien bajándolos y dejando que la iniciativa privada reactivara por sí sola la economía y el empleo, como dice que habría hecho el Partido Popular. Aclaro de antemano que doy por hecho que los partidarios de cada una de las opciones creen que la suya es la correcta para alcanzar un mismo fin: el mayor bienestar para el mayor número de ciudadanos posible. Es decir, que los segundos no entienden la crisis como Hegel entendía la guerra o como Malthus las epidemias: como una catarsis vivificadora de la sociedad, una convulsión que la regenera y perfecciona mediante la supervivencia de los más fuertes.

Ante esta tesitura, y dado que las oscilaciones fiscales siempre son relativamente exiguas, me parece que, siempre que lo emplee con habilidad, es mucho más lo que puede hacer el Gobierno con la recaudación resultante de una pequeña subida de impuestos a todos los contribuyentes que lo que harían los empresarios con una leve rebaja a cada uno de ellos, en una situación de incertidumbre como la actual en la que difícilmente se atreverían a emplear la cuantía que se ahorraran en inversión productiva o creación de puestos de trabajo. Si fueran consecuentes, así deberían verlo el PP y todos aquellos que, simétricamente y con mucha razón, criticaron que la propinilla de los 400 euros iba a ser mucho más gravosa para las arcas del Estado que beneficiosa para la hucha de cada ciudadano particular.

 

Referencias y contextualización

El domingo 6 de septiembre, como venía siendo tradición en los últimos años, el PSOE abrió el curso político en la fiesta minera de Rodiezmo (León); en ella, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la secretaria de Organización de los socialistas, Leire Pajín, levantaron el puño en un gesto que fue muy criticado por el PP y los opinadores afines a él. El sábado 19, en su discurso ante el Comité Federal del PSOE, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió su política económica durante la crisis y dijo, entre otras cosas, que había tenido que elegir, y había escogido decir sí a la protección social y los derechos de los trabajadores y no a los poderosos.

Frente a la apuesta del Gobierno por el gasto público en subsidios y demanda agregada y consiguiente subida de los impuestos, que ya había anunciado y que se aprobaría en el Consejo de Ministros del sábado 26, el PP defendía bajar los impuestos para que ello reactivara la economía. El año anterior, cuando la crisis económica no había demostrado todavía su gravedad, el Gobierno decidió descontar 400 euros de la declaración de la renta a todos los contribuyentes, una medida que fue tachada de imprudente por el Partido Popular.

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