Quién debe y quién merece la cuota de pantalla

En principio, sólo los ultraliberales entienden los productos culturales como una mercancía más, susceptible de ser sometida al arbitrio de los agentes privados y la tiranía de la oferta y la demanda. Si no fuera por el mecenazgo de administraciones y cajas, pronto nos quedaríamos sin bibliotecas, museos, teatros, conciertos, investigaciones eruditas en el ámbito humanístico y, en cuanto la sociedad destierre sus prejuicios hacia la FP y los oficios manuales, posiblemente también sin colegios y universidades públicas que garantizaran una educación para todos.

Lo que ya no parece muy progresista es que sea el agente privado que cubre la última fase de la cadena, sin recibir ayudas por ello ni deberse a una concesión pública como las televisiones, quien subvencione de forma indirecta al agente igualmente privado que se encarga de la primera. Si el cine español es patrimonio nacional y por tanto merece protección (claro que, ¿y por qué no la poesía, y por qué no la música?), tendrá que ser el Estado quien se la preste compensando las pérdidas que les cause la cuota de pantalla a los exhibidores. A mí, personalmente, si me ganara la vida con lo que lograse arrancarle a la taquilla, no me haría mucha gracia saber que, con la caja que me resta el espacio reservado a las películas españolas o europeas, estoy ayudando a pagar el caché de actores y directores que ganan una millonada más que yo.

Carmen Calvo asegura que esta subvención velada, que, no olvidemos, es a mayores de las directas que aporta su Ministerio, mejorará la calidad del cine español. Sin embargo, ello exigiría un método que garantizara que ni un euro de ese dinero va a terminar sufragando el glamour, los efectos especiales o cualquier otro de los elementos espúreos que parasitan el séptimo arte. También haría necesario excluir de la cuota de pantalla a las películas mediocres y/o comerciales, que las hay aquí igual que en EEUU. La calidad fílmica no se mide en función del número de espectadores que arrastra, y nuestro cine no tiene por qué demostrarla compitiendo libremente en taquilla con las poderosas majors de Hollywood, como sostienen algunos, pero tampoco es superior por el hecho de ser español. Igual que sucede en todos los países, el cine de aquí produce obras maestras y también colosales chorradas, aunque haya gente que idealiza al gremio hasta el punto de llamar “intelectuales” a actores que, como su propio nombre indica, sólo actúan, no han escrito una línea en su vida, y cuyos tópicos simplones de corrección progre avergüenzan a cualquiera que haya razonado sus ideas de izquierda.

Las ayudas al cine deberían destinarse a las películas de calidad carentes de gancho comercial, sea cual fuere su nacionalidad, y también a las salas que se arriesgan a proyectarlas. Por desgracia, no hay criterios tangibles para valorar el arte, sino una intuición subjetiva más o menos basada en los años de experiencia del espectador que no sirve para repartir presupuestos. Ahora bien, lo que es una contradicción sangrante es que Cultura pretenda compensar a los exhibidores restringiendo a las administraciones públicas la proyección gratuita de películas, cuando las que ponen suelen ser, precisamente, de las que merecen una subvención que enjuague su poca rentabilidad y las acerque a los ciudadanos sin distinguir niveles de renta.