12 enero 2005 |
El combate del año |
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Juan Vicente Herrera y Silvia Clemente comenzaron el año situando la polémica del Archivo de Salamanca en su auténtica dimensión: la política. Les preguntaron por la unidad del fondo documental y ellos contestaron que no están dispuestos a que se desmantele España. Javier León de la Riva se mantiene como el último garante de la moderación que el PP regional ha exhibido en otras ocasiones y está perdiendo en ésta, pero también cayó en una comparación similar. ¿Será entonces la intromisión política y no el funcionalismo científico la que explica que nos empeñemos en quedarnos con originales enmohecidos cuando ya lleva dos años en marcha el plan de digitalización de todos los archivos históricos españoles por la inmensa comodidad que este formato supone para los investigadores? ¿O la que alimenta la inquietante pregunta de si nos habríamos pillado el mismo rebote si nuestros saqueadores hubieran sido extremeños en vez de catalanes? Quizá se palpe en el ambiente que la cuestión nacional es el combate del año y ese presentimiento gobierne las asociaciones mentales de nuestros dirigentes. La Junta, además, parece dispuesta a ocupar un papel central en el desafío y no descarta recurrir el Plan Ibarretxe, “uno de los ataques más graves que ha sufrido la democracia española”. El problema es que el Plan Ibarretxe puede ser todo menos un ataque a la democracia, porque no hay nada más democrático que la autodeterminación. Podemos objetar que se trata de una estupidez plebeya, de un capricho insolidario; que una mayoría simple no puede convalidar un cambio tan radical, que si la comunidad vasca es un sujeto de decisión también lo son cada una de sus provincias o municipios (en realidad, el propio Plan se autocondiciona a ser aprobado en los tres territorios históricos) o que es tramposo tratar de capitalizar el fin de ETA, que no ha sido mérito de Ibarretxe ni del Pacto Antiterrorista sino de la policía y los jueces. Pero anteponer lo que diga una mayoría social a lo que estipula la inercia legal es la esencia misma de las revoluciones democráticas. Mañana se entrevistan los dos políticos que mejor han rentabilizado la imagen afable, optimista y moderada sin ser ninguno una deslumbrante luminaria. Casi dos almas gemelas. Ibarretxe se encumbró presentándose como el punto medio afirmativo entre los extremos coercitivos de ETA y el PP. Ahora, Zapatero necesita interponerse entre el PNV y el PP en el escenario más difícil pero también más legitimador: las elecciones vascas. Salgan como salgan las cosas, éste es el año decisivo. Y Zapatero vs. Ibarretxe su combate.
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Referencias y contextualización El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declaró el 1 de enero que "A algunos no nos da la gana que se desmantele España" al ser preguntado por la intención del Gobierno central de devolver a Cataluña los documentos sustraídos a la Generalitat por las tropas franquistas desde 1937 y alojados en el Archivo de la Guerra Civil, situado en Salamanca (sobre la polémica suscitada, ver "Yo también me habría abstenido"). El 30 de diciembre, igualmente, la consejera de Cultura, Silvia Clemente, afirmó que el Gobierno regional no iba a permitir que se desmantelara España a través de concesiones. El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, echó en cara al Gobierno socialista que primero comenzara con la desintegración del Archivo y luego fuera a proseguir con la desintegración de España, pero, a diferencia del resto de sus compañeros de partido, consideró "razonable" la devolución a Cataluña del original del Estatuto de Autonomía aprobado en 1932. El Proyecto de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, conocido popularmente como Plan Ibarretxe, fue aprobado por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004. El proyecto defendía la libre asociación del País Vasco con el Estado español fundamentada en una soberanía nacional residente en la sociedad vasca y preveía su ratificación mediante referéndum por ese mismo sujeto de decisión al cabo del proceso de negociación con el Gobierno de Madrid, habiendo o no acuerdo con éste. Ante la polémica generada, el presidente Rodríguez Zapatero había desoído la invitación del PP a que recurriera el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional y había concertado una cita con el lehendakari para el jueves 13 de enero. Los periódicos habían filtrado de fuentes cercanas al PSOE que la aspiración de Zapatero era que el bloque constitucionalista (PP y PSOE) derrotara al nacionalista (PNV-EA) en las elecciones autonómicas vascas de mayo, aunque Zapatero había afirmado que el Plan era inconstitucional y lo sería antes y después de las elecciones. El 14 de enero, tras una reunión con Mariano Rajoy, PSOE y PP anunciaron que cualquier reforma estatutaria se realizaría con el acuerdo de los dos grandes partidos españoles (ver "Persuasiones paralelas"). El 2 de febrero, el Plan Ibarretxe fue rechazado en el Congreso de los Diputados (ver "Ladrando a la luna de la ilegalidad"), con lo que todo quedó a la espera del resultado de las elecciones autonómicas de abril (ver "El verdadero frentismo vasco"). Sobre las elecciones autonómicas de 2001, en las que el PNV de Juan José Ibarretxe derrotó, con el sencillo eslógan de "Bai ('Sí') a un PP y un PSE bastante próximos bajo el liderazgo de Nicolás Redondo-Terreros entre los socialistas vascos, ver "13 de mayo". Sobre el primer anuncio del Plan Ibarretxe, en septiembre de 2002, ver "Después de la ilegalización". Sobre su presentación en el Parlamento vasco un año más tarde, ver el díptico compuesto por "Si yo fuera vasco" y "Como yo no soy vasco". La Junta de Castilla y León había anunciado que no descartaba recurrir el Plan Ibarretxe, calificándolo de "uno de los ataques más graves que ha sufrido la democracia española" y de lesivo para los intereses regionales por el litigio en torno al Condado de Treviño (este asunto particular se abordó en 2000 en el artículo "Demostremos"). |
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