2 marzo 2005
Ladrando a la luna de la ilegalidad
 

La Junta quiere conocer la situación legal del plan Ibarretxe para, en su caso, denunciarlo ante el Tribunal Constitucional por pretender desclavarnos los enclaves sin ni siquiera preguntar si nos duele. Lástima. Estaríamos todos mucho más tranquilos si le hubiera consultado a Ángel Villalba, que expuso en el triunfal pleno del 8 de febrero un audaz razonamiento jurídico en el que coincidió por casualidad (en ningún caso por seguidismo) con la vicepresidenta Fernández de la Vega: “El Plan Ibarretxe ya no existe”, diagnosticaron inapelables los dos. Juan Vicente Herrera tuvo entonces la dignidad de no hacerse el longuis y reconoció que políticamente sigue vivo, pero ahora parece que se interesa por si ya es recurrible o no, que es una disquisición tan banal como aquélla que agitaba la Cristiandad en el siglo XVI sobre si las indulgencias borraban los pecados cuando se metía la moneda o bien cuando ésta llegaba al fondo del saco.

Es asombrosa la ingenuidad de quienes, aquí y en Madrid, creen que van a detener el Cosmos ladrando a la luna de la ilegalidad. Ni cuando no era más que un anuncio, ni ahora que es una propuesta aprobada en Vitoria y rechazada en el Congreso, ni el día en que Ibarretxe convoque su dichoso referéndum, habría tenido, tiene ni tendrá el más mínimo efecto apelar a la legalidad vigente. La Historia es una continua superposición de legalidades y, como advertía Carl Schmitt, el poder no radica en la ley sino en quien tiene la capacidad de dictar una nueva en el vacío legal que sobreviene en todas las crisis. De momento, Anasagasti ya dijo en febrero a Radio Euskadi que el proceso requeriría tarde o temprano cierto grado de “desobediencia civil”.

En aquel mediocre pleno del Congreso en el que sólo Erkoreka y Rubalcaba supieron improvisar sin caer en blandas divagaciones, Zapatero trató de ganar tiempo loando la negociación y la democracia. Pero el PNV, de nuevo dispuesto a rentabilizar su táctica de situarse en el justo medio entre Batasuna y los españolistas, ya le ha ofrecido renegociar el Plan; como el PSE no piensa aceptar, sólo quedan las urnas. Por todo ello, lo mejor que podían hacer los socialistas es permitir que esta complaciente Batasuna se presentara a las autonómicas; eso sí, sin financiarla porque un juez ha sentenciado que forma parte del entramado etarra. Deberían hacerlo para ganar votos en el electorado nacionalista, para restárselos al PNV en el abertzale y porque, en definitiva, hay muchos vascos moderados que sienten sinceramente que se está constriñendo su libertad de elección. En correspondencia, el PSE podría exigir que se atendiera la reivindicación más inteligente que ha elevado en muchos años el Foro de Ermua: que los 380.000 exiliados voten en la consulta sobre el nuevo Estatuto. Es lo justo y lo democrático, y el PNV tendría que hacer piruetas para negarse a ello cuando el artículo 5.1 del propio Plan Ibarretxe reconoce sus derechos políticos a los emigrados que tuvieron su última vecindad en el País Vasco y a sus descendientes.

 

 

Referencias y contextualización

La Junta de Castilla y León solicitó el 24 de febrero un informe del Consejo Consultivo autonómico para conocer exactamente en qué situación jurídica se encontraba el Plan Ibarretxe después de ser rechazado en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero. La Junta deseaba ese asesoramiento para decidir si procedía o no en su intención de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional por su artículo 2.2, en el que establece la aprobación de los municipios afectados, del Parlamento vasco y del Congreso de los Diputados como únicas condiciones para anexionarse los enclaves pertenecientes geográficamente al País Vasco pero políticamente dependientes de otras comunidades (por antonomasia, el condado de Treviño, dependiente de Burgos; sobre este litigio, ver "Demostremos").En 2004, el Tribunal Constituyente había rechazado un recurso del Partido Popular contra el Plan Ibarretxe por ser éste una simple propuesta y no una ley autonómica en firme.

El 8 de febrero, las Cortes de Castilla y León habían aprobado por asentimiento su rechazo al Plan Ibarretxe, con una unanimidad de la que se congratularon todos los partidos. El secretario general de los socialistas castellanoleoneses, Ángel Villalba, que ya antes se había caracterizado por mimetizar puntualmente los movimientos del PSOE nacional hacia el PP ante el Plan, manifestó, como pocos días antes había hecho la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que la propuesta de Ibarretxe, al haber sido rechazada en el Congreso, jurídicamente ya no existía.

Josu Erkoreka fue el ponente del PNV en el citado pleno del 1 de febrero y Alfredo Pérez Rubalcaba el del PSOE. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso hacer ver que la negativa al Plan Ibarretxe no suponía el final de nada, sino el comienzo de una nueva negociación; en las últimas semanas, el PNV había tratado de reforzar su lado moderado mostrándose dispuesto a negociar y consensuar con los socialistas un proyecto de Estatuto diferente. El sábado 26, el Foro de Ermua, asociación pacifista vasca bautizada en honor al pueblo del que fue concejal del PP Miguel Angel Blanco, asesinado por ETA en julio de 1997 (ver "Por qué cinco años no han sido nada"), denunció que el lehendakari Juan José Ibarretxe iba a convocar un referéndum en el que no podrían participar los 380.000 vascos que habían tenido que huir de las amenzas etarras en toda la Transición (120.000 bajo el gobierno de Ibarretxe).

Las indulgencias eran el perdón automático de los pecados a cambio de donaciones monetarias a la Iglesia, y fueron el motivo desencadenante de la ruptura de Martín Lutero entre 1517 y 1519. Carl Schmitt, teórico político alemán (1888-1985), pensaba que la pregunta de quién tiene el poder sólo se puede responder en los estados de excepción, cuando ninguna legislación es válida; se le cita más detalladamente en el artículo "En torno al decisionismo", publicado en diciembre de 2003, momento en el que en España se abre el debate sobre la reforma de la Constitución y los estatutos.

Sobre las elecciones de 2001, la primera vez que Juan José Ibarretxe empleó su exitosa táctica de presentarse como la moderación y el optimismo entre los dos extremos destructivos que representaban ETA y el PP y el PSOE, entonces muy próximos en su intento de destronar al nacionalismo, ver "13 de mayo". Sobre la ilegalización de Batasuna, mediante la acción simultánea de la Ley de Partidos y el sumario abierto por el juez Baltasar Garzón, ver "La ilegalización". Sobre el primer anuncio del Plan Ibarretxe, en septiembre de 2002, ver "Después de la ilegalización". Sobre su presentación en el Parlamento vasco un año más tarde, ver el díptico compuesto por "Si yo fuera vasco" y "Como yo no soy vasco". Sobre la difícil situación de Batasuna a finales de 2004 y su insólita docilidad, ejemplificada esta última semana al decir Joseba Permach que Zapatero era un "referente internacional" por su retirada de Irak, ver "Al Torreón de Lozoya con un ramo de olivo". Sobre la tesis de que el Plan Ibarretxe es un ataque a la democracia, muy recurrente tras su aprobación en el Parlamento vasco el 30 de diciembre, y las perspectivas que se abrían, ver "El combate del año". Sobre el acuerdo del 14 de enero entre Zapatero y Mariano Rajoy para negociar juntos cualquier reforma estatutaria, ver "Persuasiones paralelas".Y, sobre el resultado de las elecciones del 17 de abril y la participación del Partido Comunista de las Tierras Vascas haciendo de portavoz de la ilegalizada Batasuna, ver "El verdadero frentismo vasco".

 

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