En principio, yo no tendría ningún reparo en suscribir la teoría que inspira eso que ahora se da en llamar el centro reformista. Asumiría sin ambages la conveniencia de que el Gobierno intervenga activamente sobre los inmovilismos de la sociedad española y los fraudes que se pueden dar a la sombra de derechos como la libertad ideológica, la independencia universitaria o los seguros de desempleo.

El problema es que su celo, con ínfulas de despotismo ilustrado, tiene la sospechosa propiedad de incidir siempre sobre los mismos. Escruta las pequeñas ventajas que puedan sustraer de su situación parados, funcionarios y pensionistas, pero luego no tiene el menor remordimiento por reducir en cinco puntos el tipo impositivo de las rentas más altas. Acomete las oportunas reformas de la Justicia, la Educación y la Sanidad, pero en ningún caso cuestiona los insultantes privilegios de los jueces, los catedráticos que no merecen serlo o los médicos que mantienen sueldo público y consulta privada. Planea garantizar la competencia en la TV digital, en la que se enfrentan dos gigantes y encima ha ganado el enemigo, pero jamás ejecutará una política real que permita la supervivencia de los pequeños comercios. Considera un fin en sí mismo el déficit cero, pero a costa de otras partidas que no sean el satélite de 10.000 millones adquirido el pasado año para paliar la acuciante necesidad de nuestro país de poder bombardear en noches de niebla.

Donde más cómodo se siente este Gobierno es en leyes como la del botellón o la Secundaria, en que lo razonable coincide con valores típicamente conservadores como el orden y la disciplina. Más allá, las luces ilustradas se le apagan cuando entran en juego los intereses o la disparatada moral de la Iglesia, con los centros concertados, la asignatura de Religión, el aborto, los homosexuales o la investigación con embriones.

El centro reformista mantiene la política liberal que nos vendió en el lote de la convergencia con Maastricht. Las cifras macroeconómicas lo justifican todo, pero no se distribuyen de la forma equitativa en que lo hacen los crecientes impuestos indirectos. Si relativizamos los contratos temporales, el paro no ha descendido gran cosa en los últimos años, y se dispara la especulación con la vivienda. Me cuesta creer que lo prioritario de reformar hoy sea la que algunos puedan hacer con su capacidad de trabajo.

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